Precisan la aplicación del régimen disciplinario estatal

Solo si no se identifica una conducta como falta en la Ley del Servicio Civil se puede evaluar si tal acto transgrede la Ley N° 27815.

Las entidades públicas podrán evaluar si una conducta de su personal transgrede algún deber o principio previsto en la Ley del Código de Ética de la Función Pública solo cuando no hayan identificado que el hecho imputado constituya alguna falta tipificada en la Ley del Servicio Civil, toda vez que la aplicación de la Ley N° 27815 es residual y solo se da en los supuestos no previstos por la norma especial que es la Ley N° 30057. 

Este constituye el principal lineamiento jurisprudencial administrativo que se desprende de la Resolución Nº 001337-2020-Servir/TSC-Segunda Sala, emitida por el Tribunal del Servicio Civil, con la cual se precisa la aplicación del régimen disciplinario y del procedimiento sancionador en las entidades públicas.

Fundamento

En el caso materia de la resolución, el colegiado advierte que se atribuye responsabilidad a una servidora pública sujeta al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 por haber usado expresiones y adjetivos inadecuados, contrarios al buen trato que debe imperar en las interrelaciones laborales de una entidad pública, en correos electrónicos posteriores al 14 de setiembre del 2014, por lo que debe aplicarse la Ley Nº 30057 y su reglamento.

No obstante, la entidad pública en la que labora la servidora le atribuyó el incumplimiento del principio de respeto, previsto en el numeral 1 del artículo 6° de la Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley Nº 27815), el cual establece que el servidor “debe adecuar su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento”.

Ante ello, el Tribunal del Servicio Civil aprecia que este principio se circunscribe a los procesos de toma de decisiones o procedimientos administrativos, y precisa que en ellos se debe respetar el derecho a la defensa, al debido procedimiento, la Constitución y la ley.

Sin embargo, en el caso materia de su pronunciamiento observa que la conducta imputada a la servidora no se enmarca en esa circunscripción.

Por lo tanto, aprecia que el hecho imputado a la trabajadora no se subsume en el incumplimiento del citado principio.

A la par, considera que según el precedente consagrado en la Resolución de Sala Plena Nº 006-2020-Servir/TSC la aplicación de la Ley Nº 27815 es residual.

En relación con el hecho imputado a la servidora, el colegiado toma en cuenta que el literal c) del artículo 85 de la Ley Nº 30057 establece que “son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: ‘c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior del personal jerárquico y de los compañeros de labor’”.

Así, el colegiado determina que antes de recurrir a las faltas de la Ley Nº 27815, la entidad pública, en el caso, debió evaluar si la conducta imputada a la servidora se subsumía en alguna falta fijada en la Ley Nº 30057, pues la aplicación de la Ley Nº 27815 es residual y solo se da en los supuestos no previstos por la norma especial.

Por ende, concluye que en este caso corresponde que la entidad pública evalúe el hecho imputado e identifique correctamente la falta por imputar a la servidora, según el artículo 85 de la Ley Nº 30057, o de no identificar alguna falta de esta ley, podría evaluar la transgresión a algún deber o principio previsto en la Ley Nº 27815.

Potestad sancionadora

De acuerdo con el artículo 248 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la potestad sancionadora de las entidades públicas está regida también por diversos principios especiales como los de legalidad y tipicidad. Así, en aplicación del principio especial de legalidad, solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. En tanto que en virtud del principio especial de tipicidad, solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

Fuente: El Peruano

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