El Acuerdo de Escazú: otro riesgo latente en el Congreso

La Cancillería advierte peligro de aprobar un tratado que reduciría la autoridad del Estado. La aprobación expondría el 60% del territorio nacional, señalan doce gremios empresariales.

La posible ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Perú ha despertado preocupación en los ámbitos público y privado, pues 12 gremios empresariales y la Cancillería han advertido que ello representaría un riesgo para el país en materia jurídica y para el inicio de nuevos proyectos de inversión en medio de una crisis cuyo fin aún no se divisa en un horizonte cercano.

El acuerdo, supuestamente, implementaría en los países firmantes un marco legal en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental para proteger a defensores de derechos humanos. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exterioreha precisado que el Perú ya cuenta con un marco legal en materia ambiental.

El Perú reconoce el derecho a un medio ambiente sano, incluido en el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para Asegurar los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), conocido como Protocolo de San Salvador, en el marco de la OEA”, destacó la Cancillería, en una carta enviada el 15 de junio a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, institución que deberá decidir si ratifica o no el acuerdo.

Además, la Cancillería ha advertido que el país ha desplegado medidas acordes a las materias que plantea el Acuerdo de Escazú, como los derechos de acceso a la información por medio de la Ley de Transparencia y la creación de las fiscalías especializadas en materia ambiental.

Impacto en el estado

Un aspecto adicional que la Cancillería remarcó es que si bien el tratado recoge muchas posturas propias del país a nivel ambiental, existiría el riesgo de que el Estado termine asumiendo obligaciones adicionales a las que ya tiene y cumple, debido “a la naturaleza jurídica vinculante del Acuerdo de Escazú”.

“Se generará una nueva obligación internacional al Estado peruano específicamente en materia de defensores de derechos humanos, por lo que estará sujeto a responsabilidad internacional en caso de incumplimiento”, agregó.

Al respecto, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay explicó que el Acuerdo de Escazú abre la puerta a la participación pública en la toma de decisiones en temas ambientales, que es algo que ni siquiera fue considerado en el Acuerdo de París. Ello, afirma, debilitaría la capacidad de acción del Estado.

“En el sistema internacional ha habido apertura al acceso a la información sobre el tema ambiental, es lógico, pero nunca a la intervención en la toma de decisiones (…). En el marco de la Cepal, se incorpora en el tratado de Escazú, de manera inédita, la toma de decisiones por el público, que puede ser privado, público, nacional o internacional. El primer gran riesgo es que todos, todas, privados o extranjeros, personas naturales o jurídicas, pueden intervenir en la toma de decisiones, que es del Estado”, advierte el experto.

Además, aclaró que el riesgo de perder la soberanía no tiene que ver con ceder territorio, sino que la decisión del Estado sobre qué hacer con el mismo quede en manos de organismos internacionales.

Inestabilidad jurídica

La posibilidad de que el acuerdo sea ratificado también generó la preocupación del sector privado, pues 12 agremiaciones empresariales de diversos sectores se pronunciaron al respecto. Entre estas figuran ADEX, la Confiep, SNI y las cámaras de comercio de Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Tacna y Piura.

La aprobación final del acuerdo, afirman, ocasionaría la exposición de “más del 60% del territorio nacional que es la Amazonía peruana, así como el territorio andino, costero y marino a un tratado que genera inestabilidad jurídica en el país afectando indudablemente a las inversiones y al propio desarrollo de las poblaciones de nuestro territorio nacional”.

Tenga en cuenta

-El tratado, de alcance regional en América Latina y el Caribe, fue suscrito por el Perú en 2018 en Escazú (Costa Rica). Sin embargo, para entrar en vigencia aún tiene que ser ratificado por al menos 11 de los 22 firmantes.

-Hasta ahora, nueve países han ratificado el acuerdo. Entre estos no figuran Chile, Colombia, México, Brasil ni Argentina.

Fuente Peru 21

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